Congreso archiva denuncia contra Dina Boluarte por muertes en protestas

Una vez más, el Congreso de la República cierra la puerta a una de las denuncias más sensibles y controversiales del último año. Con 11 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidió archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y cuatro de sus exministros, señalados por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre finales de 2022 e inicios de 2023.

¿Qué motivó la denuncia?

La acusación fue presentada por la congresista Ruth Luque, quien responsabilizaba a Boluarte y a los exministros Pedro Angulo (PCM), Luis Alberto Otárola (Defensa), César Cervantes (Interior) y José Tello (Justicia), por los violentos operativos policiales que dejaron decenas de muertos y heridos en distintas regiones del país. Estos hechos ocurrieron tras la asunción de Boluarte al poder, luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Luque sostenía que existía una responsabilidad directa de los altos funcionarios en las decisiones políticas y operativas que derivaron en las tragedias. Sin embargo, el informe técnico aprobado por la SAC determinó que la denuncia no cumplía con los requisitos del artículo 89 del reglamento del Congreso, por lo que fue considerada improcedente y archivada.

¿Qué dice el informe?

El documento aprobado argumenta que no se pudo establecer una relación directa entre los hechos y delitos graves como homicidio calificado o lesiones graves, elementos clave para que la denuncia pudiera avanzar hacia una eventual investigación o sanción.

Esto, a pesar de los múltiples informes de organismos de derechos humanos y testimonios que apuntan a un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden durante las manifestaciones.

Reacciones y lo que viene

La decisión ha generado fuertes críticas en redes sociales y desde sectores de la oposición, que consideran que el Congreso está protegiendo a la mandataria y bloqueando el acceso a la justicia para las víctimas. Para muchos, esta resolución genera un mensaje de impunidad frente a hechos de violencia estatal que aún no han sido esclarecidos del todo.

Pese al archivamiento, Dina Boluarte aún enfrenta otras denuncias constitucionales pendientes en el Parlamento. Una de ellas fue presentada por el legislador Jaime Quito y cuestiona la legitimidad de su sucesión presidencial. También se encuentra en evaluación una acusación contra el juez supremo Víctor Ticona por presunto tráfico de influencias, promovida por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

¿Qué significa esto para las familias de las víctimas?

Con este archivo, las familias de las víctimas deberán seguir esperando justicia en otras instancias, mientras el Congreso decide si tramita las demás denuncias constitucionales que tiene en agenda. Por ahora, la decisión tomada por la Subcomisión es un golpe a quienes aún exigen respuestas por los fallecidos durante una de las crisis políticas más graves de los últimos años.