Feminicida de niña podría quedar libre por ley de Dina Boluarte

La promulgación de la Ley 32181 ha generado gran controversia, ya que podría permitir que personas acusadas de delitos graves, como el feminicida confeso de una niña en Villa María del Triunfo, queden en libertad. Este caso específico ha despertado preocupación debido a las posibles implicancias legales de la norma impulsada desde el Congreso y promulgada por Dina Boluarte.

¿Qué establece la Ley 32181?

La Ley 32181 elimina la detención preliminar en casos donde no haya flagrancia delictiva, lo que significa que, en ausencia de evidencia directa al momento del crimen, no se podrá detener a una persona sospechosa. Antes de la promulgación de esta norma, el inciso a) del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal permitía a los jueces ordenar la detención preliminar si existían indicios suficientes de un delito grave y riesgo de fuga.

Este cambio ha generado preocupación en diversos sectores, ya que limita la capacidad de las autoridades para actuar de manera inmediata en casos de delitos graves que operan en la clandestinidad, como feminicidios, sicariato o crimen organizado.

El caso del feminicida confeso en Villa María del Triunfo

El caso que ha acaparado la atención pública es el de Gerson Alexander Juárez Tapia, quien confesó haber asesinado a una niña en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac, en Villa María del Triunfo. Actualmente, Juárez Tapia enfrenta una orden de detención preliminar por siete días, medida que podría verse afectada por la entrada en vigencia de la Ley 32181 el 12 de diciembre.

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Expertos legales han señalado que esta normativa podría ser utilizada por la defensa del feminicida confeso para argumentar que su detención es ilegal al no haber flagrancia en el momento del arresto. Esto abriría la posibilidad de que sea puesto en libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

Críticas desde el ámbito judicial y fiscal

El presidente saliente del Poder Judicial, Javier Arévalo, indicó que los jueces tienen la potestad de inaplicar la ley si consideran que esta contraviene la Constitución. Sin embargo, esta medida dependerá de cada caso y de la interpretación que hagan los magistrados.

Por otro lado, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, advirtió que esta ley representa un retroceso en la lucha contra la criminalidad, ya que limita las herramientas del Ministerio Público para solicitar detenciones preliminares en delitos graves. Según explicó, la detención preliminar permite retener a sospechosos hasta por siete días en casos comunes y hasta 15 días en delitos graves, como terrorismo o tráfico de drogas.

Las implicancias para casos de violencia contra mujeres

La abogada feminista Brenda Álvarez resaltó que esta modificación legal podría favorecer a agresores en casos de violencia contra mujeres y niñas, como el ocurrido en Villa María del Triunfo. Según Álvarez, la eliminación de esta herramienta procesal dificulta la protección de las víctimas y la persecución de los responsables.

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Además, el caso del feminicida confeso de la niña ha reavivado el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para violadores y asesinos de menores. Aunque Dina Boluarte pidió abrir este debate, muchos consideran que este tipo de propuestas son insuficientes si no se fortalecen las herramientas legales para combatir el crimen.

Consecuencias inmediatas de la Ley 32181

La polémica no se limita al caso de Juárez Tapia. En Huaura, la Sala Penal de Apelaciones dejó en libertad a 10 investigados, incluidos tres policías, acusados de pertenecer a la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’. Esta decisión se tomó aplicando la Ley 32181, pese a que existía una orden de detención preliminar por 15 días emitida por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

El Ministerio Público ha anunciado que presentará un recurso de casación para revertir esta decisión, pero el precedente ya ha generado inquietud sobre cómo esta ley podría favorecer a personas involucradas en delitos graves.

¿Qué podría pasar con el feminicida confeso?

Con la entrada en vigencia de la Ley 32181, existe la posibilidad de que abogados defensores argumenten la ilegalidad de detenciones preliminares, lo que podría beneficiar a Gerson Alexander Juárez Tapia. Aunque los jueces tienen la facultad de inaplicar la norma si consideran que va en contra de la Constitución, no hay garantía de que todos los casos sean evaluados bajo este criterio.

Esta situación ha generado indignación entre la población, especialmente entre colectivos feministas y familiares de víctimas de violencia, quienes exigen medidas más efectivas para garantizar justicia y protección.