Gobierno de Boluarte propone proyecto "terrorismo urbano" que afectaría la libre protesta.

Una nueva iniciativa del Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, ha encendido el debate público. El proyecto de ley busca tipificar el delito de terrorismo urbano, imponiendo fuertes sanciones a quienes participen en protestas que interrumpan el libre tránsito o afecten servicios públicos. Este planteamiento ha generado preocupación, pues podría limitar el derecho a la protesta.

¿Criminalización de la protesta ciudadana?

El proyecto de ley propone que aquellos que bloqueen vías, tomen instalaciones o afecten servicios públicos, podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión. Según el texto, cualquier acción que impida el libre tránsito o el funcionamiento de servicios con el fin de obtener una ventaja indebida será duramente castigada. Esta medida ha sido calificada por varios sectores como un intento de criminalizar el derecho legítimo a la protesta.

Debate en el Congreso

El Congreso de la República debatirá la propuesta este 3 de octubre. La iniciativa, que también busca modificar varios artículos del Código Penal, se enmarca en un contexto de creciente inseguridad ciudadana. No obstante, diversos analistas consideran que el enfoque del proyecto podría estar más motivado por el populismo que por una estrategia clara para reducir la delincuencia.

Procesamiento militar en estados de emergencia

Otro punto polémico del proyecto es la posibilidad de que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que sean denunciados por actos en el ejercicio de sus funciones durante los estados de emergencia, sean procesados en tribunales militares. Esta propuesta ha generado críticas por el riesgo de impunidad y la falta de control civil sobre las fuerzas del orden.

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Críticas por falta de enfoque integral

La congresista Susel Paredes criticó el proyecto, señalando que parece estar centrado exclusivamente en la capital. “Solo están pensando en Lima y en cómo intervenir militarmente. Esto no va a resolver los problemas de seguridad ciudadana ni combatir el crimen organizado”, afirmó. Paredes y otros legisladores insisten en que se debe abordar la problemática de forma más integral y no solo desde la represión.