
Congreso Rechazan debatir la derogación de ley sobre crimen organizado.

La Junta de Portavoces del Congreso decidió no incluir en la agenda del próximo Pleno la derogación de la Ley 32108 , que modificó la tipificación del crimen organizado. Esta ley será evaluada primero por la Comisión de Justicia, antes de cualquier modificación o mejora.
¿Qué sucedió en la Junta de Portavoces?
El lunes, la Junta de Portavoces del Congreso determinó que la derogación de la Ley 32108 no será debatida en el Pleno del viernes. En su lugar, será revisada por la Comisión de Justicia , la cual es manejada por la bancada de Perú Libre.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana , señaló que la urgencia de algunos sectores para discutir la derogación fue reconocida, pero se acordó que la comisión correspondiente primero elaboró un dictamen.
Posiciones en torno a la ley
La congresista Ruth Luque expresó su preocupación ante la falta de intención de otras bancadas de derogar la norma. Según Luque, no hay disposición para corregirla, lo que sugiere que el Congreso no estaría interesado en un cambio inmediato.
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Por otro lado, el congresista José Cueto manifestó que cualquier grupo que desee modificar la ley deberá presentar una nueva propuesta. "La ley está publicada y vigente", afirmó, dejando claro que no se espera un cambio inmediato sin un nuevo proyecto.
Próximos pasos
De acuerdo con Salhuana, la Comisión de Justicia será la encargada de emitir un dictamen sobre la Ley 32108 . Solo después de este análisis, se podrá discutir en el Pleno la posibilidad de corregir o derogar la norma.
En que afecta la modificación de la ley sobre crimen organizado.
La modificación de la Ley N.º 32108 sobre crimen organizado en Perú ha generado una serie de preocupaciones y controversias debido a los siguientes efectos principales:
1. Redefinición del concepto de organización criminal
La ley introduce cambios en la definición de organización criminal , lo que podría limitar el alcance de la lucha contra el crimen organizado . Antes, una organización criminal se entendía de manera más amplia, a incluir una mayor variedad de delitos, pero la nueva ley podría reducir los casos que califican como tales, afectando la capacidad del Estado para procesar a ciertos grupos delictivos.
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2. Exclusión de 59 tipos penales
Uno de los puntos más críticos es que la ley excluye 59 tipos penales que antes formaban parte de la normativa de crimen organizado. Esto significa que ciertos delitos que solían ser tratados como crimen organizado ahora podrían tener un tratamiento menos severo, afectando investigaciones y sanciones. Delitos como el tráfico de drogas, corrupción y otros vinculados a la delincuencia organizada se verían menos vigilados bajo este nuevo marco.
3. Obligatoriedad de la presencia del abogado
La nueva ley establece que, para llevar a cabo a cabo allanamientos en investigaciones de crimen organizado, es obligatorio contar con la presencia del abogado del acusado . Esto complica la labor de las autoridades en situaciones de emergencia, donde el tiempo es crucial para asegurar evidencia o capturar a los responsables. La medida podría ralentizar las operaciones policiales y dar margen para que los delincuentes oculten pruebas o escapen.
4. Impacto en la persecución del crimen organizado
Organizaciones como CHS Alternativo señalan que esta ley debilita la lucha contra la criminalidad , al hacer más difícil la persecución de los grupos organizados. Los cambios propuestos se perciben como un obstáculo en la efectividad de la justicia para desmantelar redes delictivas, especialmente en un contexto donde la criminalidad ha aumentado.
5. Críticas y riesgos a la seguridad ciudadana
Las modificaciones se dan en un momento en que el aumento de la criminalidad en el país es alarmante, y muchos ven esta ley como un retroceso en la lucha contra las mafias y el crimen organizado. Los críticos argumentan que favorecen a los criminales al ofrecerles más garantías, mientras que las víctimas y la sociedad en general se ven desprotegidas frente a una aplicación menos estricta de la justicia.
En resumen, la modificación de la Ley N.º 32108 afecta negativamente la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado, debilitando los mecanismos de persecución y allanamiento, y excluyendo delitos importantes que antes formaban parte de la normativa anterior.
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