Congresista Luis Cordero propone que condenados por corrupción sean candidatos a la Presidencia

El congresista de Somos Perú, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso que busca permitir que funcionarios y servidores públicos condenados por corrupción y que hayan sido rehabilitados, puedan postular nuevamente a cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República. La iniciativa, respaldada por varios miembros de su bancada, tiene como objetivo garantizar el derecho de elegir y ser elegido, apoyándose en la idea de que el fin resocializador de la pena debe ser respetado.

¿Cómo justifica su propuestas?

Según la justificación del congresista Luis Cordero Jon Tay, el literal J del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones afecta gravemente la voluntad de los ciudadanos al impedir que personas rehabilitadas puedan ejercer su derecho constitucional a elegir y ser elegidas. Cordero sostiene que su proyecto de ley busca establecer un marco normativo inclusivo que respete tanto el fin resocializador de la pena como los derechos políticos de los ciudadanos. Además, enfatiza que esta propuesta no generará costos adicionales para el Estado.

¿Qué establece actualmente la Ley Orgánica de Elecciones?

El artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones prohíbe a quienes hayan sido condenados por corrupción, terrorismo, tráfico de drogas y violación sexual postularse a la Presidencia o Vicepresidencias, incluso si han sido rehabilitados. En respuesta, el legislador Luis Cordero Jon Tay ha propuesto un proyecto de ley para permitir que las personas condenadas por corrupción puedan postularse a la Presidencia.

El Impacto Económico de la Corrupción en Perú.

Según un informe de la Contraloría General de la República, publicado en febrero de 2024, Perú sufrió una pérdida de más de 24,000 millones de soles en 2023 debido a la corrupción y la mala gestión pública. De esta cantidad, cerca de 11,992 millones de soles fueron atribuidos al Gobierno Nacional, 7,615 millones a los gobiernos regionales y 4,660 millones a los gobiernos locales. Estos datos subrayan el significativo impacto económico de la corrupción en el país a diferentes niveles de administración.

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