Una vez más, el Congreso de la República cierra la puerta a una de las denuncias más sensibles y controversiales del último año. Con 11 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidió archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y cuatro de sus exministros, señalados por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre finales de 2022 e inicios de 2023.

¿Qué motivó la denuncia?

La acusación fue presentada por la congresista Ruth Luque, quien responsabilizaba a Boluarte y a los exministros Pedro Angulo (PCM), Luis Alberto Otárola (Defensa), César Cervantes (Interior) y José Tello (Justicia), por los violentos operativos policiales que dejaron decenas de muertos y heridos en distintas regiones del país. Estos hechos ocurrieron tras la asunción de Boluarte al poder, luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Luque sostenía que existía una responsabilidad directa de los altos funcionarios en las decisiones políticas y operativas que derivaron en las tragedias. Sin embargo, el informe técnico aprobado por la SAC determinó que la denuncia no cumplía con los requisitos del artículo 89 del reglamento del Congreso, por lo que fue considerada improcedente y archivada.

¿Qué dice el informe?

El documento aprobado argumenta que no se pudo establecer una relación directa entre los hechos y delitos graves como homicidio calificado o lesiones graves, elementos clave para que la denuncia pudiera avanzar hacia una eventual investigación o sanción.

Esto, a pesar de los múltiples informes de organismos de derechos humanos y testimonios que apuntan a un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden durante las manifestaciones.

Reacciones y lo que viene

La decisión ha generado fuertes críticas en redes sociales y desde sectores de la oposición, que consideran que el Congreso está protegiendo a la mandataria y bloqueando el acceso a la justicia para las víctimas. Para muchos, esta resolución genera un mensaje de impunidad frente a hechos de violencia estatal que aún no han sido esclarecidos del todo.

Pese al archivamiento, Dina Boluarte aún enfrenta otras denuncias constitucionales pendientes en el Parlamento. Una de ellas fue presentada por el legislador Jaime Quito y cuestiona la legitimidad de su sucesión presidencial. También se encuentra en evaluación una acusación contra el juez supremo Víctor Ticona por presunto tráfico de influencias, promovida por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

¿Qué significa esto para las familias de las víctimas?

Con este archivo, las familias de las víctimas deberán seguir esperando justicia en otras instancias, mientras el Congreso decide si tramita las demás denuncias constitucionales que tiene en agenda. Por ahora, la decisión tomada por la Subcomisión es un golpe a quienes aún exigen respuestas por los fallecidos durante una de las crisis políticas más graves de los últimos años.

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¿Te has preguntado cuáles son los pasos necesarios para formar parte del Congreso del Perú como senador o diputado? Este artículo te lo explicará de manera clara y sencilla, resolviendo todas tus dudas sobre los requisitos y el proceso para postular a estos importantes cargos públicos. ¡Descûrelo y prepárate para las elecciones del 2026!

¿Qué son los senadores y diputados en el Perú?

Con la reciente aprobación del retorno a la bicameralidad, el Congreso del Perú estará compuesto por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Diputados. Los senadores representan los intereses nacionales, mientras que los diputados se enfocan en asuntos locales y regionales.

El sistema bicameral contará con 60 senadores y 130 diputados, ambos elegidos por un periodo de cinco años. Este cambio busca fortalecer la representación democrática y mejorar la calidad del debate legislativo.

Requisitos para ser senador en Perú

Para postular como senador en las elecciones generales del 2026, debes cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la Constitución y las normas electorales:

1. Ser peruano de nacimiento: Solo los ciudadanos nacidos en territorio peruano pueden acceder a este cargo.
2. Tener 45 años cumplidos al momento de la postulación o haber desempeñado previamente el cargo de congresista o diputado.
3. Gozar del derecho de sufragio: Es decir, no tener restricciones legales que impidan votar o postular a cargos públicos.

Renuncias obligatorias

Algunos cargos públicos son incompatibles con la postulación al Senado. Si ocupas alguno de los siguientes puestos, debes renunciar al menos seis meses antes de las elecciones:

• Presidente de la República.
• Ministros y viceministros de Estado.
• Contralor general de la República.
• Miembros del Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia.
• Defensor del Pueblo.
• Altos cargos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Requisitos para ser diputado en Perú

Los requisitos para postular como diputado son más flexibles en comparación con los de senador. Aquí te los detallamos:

1. Ser peruano de nacimiento.
2. Haber cumplido 25 años al momento de la postulación.
3. Gozar del derecho de sufragio.

Postulaciones simultáneas

Es importante destacar que los candidatos a la Presidencia o Vicepresidencia de la República pueden postular simultáneamente a los cargos de senador o diputado. Esto brinda mayor flexibilidad para quienes desean aportar desde diferentes ámbitos.

Diferencias clave entre senadores y diputados en Perú

Aunque ambos cargos forman parte del Poder Legislativo, existen diferencias importantes entre senadores y diputados:

• Edad mínima: Para ser senador, necesitas tener 45 años, mientras que para ser diputado basta con 25 años.
• Enfoque: Los senadores trabajan en temas de interés nacional, mientras que los diputados se concentran en asuntos locales y regionales.
• Número de integrantes: El Senado cuenta con 60 miembros, y la Cámara de Diputados con 130.

Incompatibilidades durante el mandato

Tanto los senadores como los diputados deben dedicarse exclusivamente a sus funciones legislativas. Esto significa que:

1. No pueden ejercer otra profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso.
2. No pueden ocupar cargos públicos, salvo que sean ministros de Estado o participen en comisiones internacionales autorizadas por el Congreso.
3. No pueden ser gerentes, apoderados o miembros del directorio de empresas con contratos vigentes con el Estado.
4. No pueden tener participación activa en empresas del sistema financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Estas restricciones buscan evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

¿Por qué es importante cumplir estos requisitos?

Los requisitos para ser senador y diputado en Perú no solo garantizan que los candidatos tengan las condiciones necesarias para ejercer sus funciones, sino que también aseguran una representación justa y ética en el Congreso. Cumplir con estas normas fortalece la confianza ciudadana en el sistema democrático y promueve un Parlamento más eficiente y responsable.

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La promulgación de la Ley 32181 ha generado gran controversia, ya que podría permitir que personas acusadas de delitos graves, como el feminicida confeso de una niña en Villa María del Triunfo, queden en libertad. Este caso específico ha despertado preocupación debido a las posibles implicancias legales de la norma impulsada desde el Congreso y promulgada por Dina Boluarte.

¿Qué establece la Ley 32181?

La Ley 32181 elimina la detención preliminar en casos donde no haya flagrancia delictiva, lo que significa que, en ausencia de evidencia directa al momento del crimen, no se podrá detener a una persona sospechosa. Antes de la promulgación de esta norma, el inciso a) del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal permitía a los jueces ordenar la detención preliminar si existían indicios suficientes de un delito grave y riesgo de fuga.

Este cambio ha generado preocupación en diversos sectores, ya que limita la capacidad de las autoridades para actuar de manera inmediata en casos de delitos graves que operan en la clandestinidad, como feminicidios, sicariato o crimen organizado.

El caso del feminicida confeso en Villa María del Triunfo

El caso que ha acaparado la atención pública es el de Gerson Alexander Juárez Tapia, quien confesó haber asesinado a una niña en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac, en Villa María del Triunfo. Actualmente, Juárez Tapia enfrenta una orden de detención preliminar por siete días, medida que podría verse afectada por la entrada en vigencia de la Ley 32181 el 12 de diciembre.

Expertos legales han señalado que esta normativa podría ser utilizada por la defensa del feminicida confeso para argumentar que su detención es ilegal al no haber flagrancia en el momento del arresto. Esto abriría la posibilidad de que sea puesto en libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

Críticas desde el ámbito judicial y fiscal

El presidente saliente del Poder Judicial, Javier Arévalo, indicó que los jueces tienen la potestad de inaplicar la ley si consideran que esta contraviene la Constitución. Sin embargo, esta medida dependerá de cada caso y de la interpretación que hagan los magistrados.

Por otro lado, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, advirtió que esta ley representa un retroceso en la lucha contra la criminalidad, ya que limita las herramientas del Ministerio Público para solicitar detenciones preliminares en delitos graves. Según explicó, la detención preliminar permite retener a sospechosos hasta por siete días en casos comunes y hasta 15 días en delitos graves, como terrorismo o tráfico de drogas.

Las implicancias para casos de violencia contra mujeres

La abogada feminista Brenda Álvarez resaltó que esta modificación legal podría favorecer a agresores en casos de violencia contra mujeres y niñas, como el ocurrido en Villa María del Triunfo. Según Álvarez, la eliminación de esta herramienta procesal dificulta la protección de las víctimas y la persecución de los responsables.

Además, el caso del feminicida confeso de la niña ha reavivado el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para violadores y asesinos de menores. Aunque Dina Boluarte pidió abrir este debate, muchos consideran que este tipo de propuestas son insuficientes si no se fortalecen las herramientas legales para combatir el crimen.

Consecuencias inmediatas de la Ley 32181

La polémica no se limita al caso de Juárez Tapia. En Huaura, la Sala Penal de Apelaciones dejó en libertad a 10 investigados, incluidos tres policías, acusados de pertenecer a la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’. Esta decisión se tomó aplicando la Ley 32181, pese a que existía una orden de detención preliminar por 15 días emitida por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

El Ministerio Público ha anunciado que presentará un recurso de casación para revertir esta decisión, pero el precedente ya ha generado inquietud sobre cómo esta ley podría favorecer a personas involucradas en delitos graves.

¿Qué podría pasar con el feminicida confeso?

Con la entrada en vigencia de la Ley 32181, existe la posibilidad de que abogados defensores argumenten la ilegalidad de detenciones preliminares, lo que podría beneficiar a Gerson Alexander Juárez Tapia. Aunque los jueces tienen la facultad de inaplicar la norma si consideran que va en contra de la Constitución, no hay garantía de que todos los casos sean evaluados bajo este criterio.

Esta situación ha generado indignación entre la población, especialmente entre colectivos feministas y familiares de víctimas de violencia, quienes exigen medidas más efectivas para garantizar justicia y protección.

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La reciente modificación de la Ley N.º 32108 sobre crimen organizado ha generado una fuerte polémica en el Perú. Esta nueva normativa, que redefine el concepto de organización criminal y cambia las reglas para los allanamientos, ha sido criticada por debilitar la capacidad del Estado para enfrentar a las mafias y otros grupos delictivos. Además, al eliminar 59 tipos de claves penales, muchos expertos advierten que estos cambios podrían aumentar los riesgos de criminalidad en un país que ya enfrenta un preocupante incremento en la violencia.

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¿Por qué la modificación de la Ley N.º 32108 está debilitando la lucha contra el crimen organizado?

Las críticas hacia la Ley N.º 32108 son cada vez más fuertes, ya que los cambios introducidos afectan la forma en que el Estado enfrenta al crimen organizado. La redefinición del concepto de organización criminal y la exclusión de 59 tipos penales han provocado que delitos graves ya no sean tratados con la severidad que requieren. Esto podría permitir que redes delictivas operen con mayor impunidad, mientras que las autoridades se ven limitadas para intervenir de manera efectiva.

¿Cómo afecta la exclusión de tipos penales a la lucha contra la criminalidad?

La exclusión de 59 tipos penales en la Ley N.º 32108 limita la cantidad de delitos que pueden ser procesados bajo el marco del crimen organizado, debilitando significativamente la capacidad del Estado para perseguir a grupos delictivos. Entre los delitos excluidos se encuentran algunos relacionados con tráfico de drogas, corrupción, y lavado de activos, crímenes que son clave en las operaciones de mafias y redes criminales. Esto implica que muchas de estas actividades delictivas ahora enfrentarán sanciones menos severas, lo que podría incentivar a los criminales a operar con mayor libertad.

¿Qué tan perjudicial es la obligatoriedad de la presencia del abogado durante los allanamientos?

La obligación de contar con la presencia del abogado del acusado durante los allanamientos representa un obstáculo para la acción inmediata de las autoridades. En investigaciones de crimen organizado, el tiempo es crucial para asegurar pruebas o detener a los sospechosos antes de que puedan reaccionar. Al exigir la presencia del abogado, se podrían retrasar las operaciones policiales, dando tiempo a los delincuentes para ocultar evidencia, escapar o planificar una defensa estratégica, lo que dificulta las investigaciones y reduce su efectividad.

¿Cuáles son los principales riesgos de limitar el alcance de la Ley de Crimen Organizado?

Limitar el alcance de la Ley de Crimen Organizado significa que menos delitos serán tratados bajo este marco, lo que reduce las herramientas legales disponibles para desmantelar redes delictivas. La reducción de sanciones y el menor control judicial sobre ciertos crímenes podrían aumentar la sensación de impunidad en los criminales. Al mismo tiempo, debilitar el concepto de organización criminal podría permitir que grupos delictivos operen sin ser detectados o procesados de manera adecuada, lo que afectaría la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen en general.

¿De qué manera esta ley podría influir en el aumento de la criminalidad en Perú?

Los cambios en la Ley N.º 32108 podrían incentivar el aumento de la criminalidad al reducir las consecuencias legales para aquellos involucrados en delitos graves. Al excluir numerosos tipos penales y hacer más complicado el proceso de investigación y allanamiento, los grupos criminales podrían sentirse más protegidos y operar con mayor libertad. Esto podría llevar a un incremento en los delitos organizados, como el tráfico de drogas, extorsión y corrupción, lo que afectaría directamente la seguridad pública y el bienestar de los ciudadanos.

Dirigente de transportistas: Ley N.º 32108 “ha dado más pie” a la extorsión.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, criticó duramente las modificaciones a la ley contra el crimen organizado, señalando que han aumentado las actividades delictivas que afectan al sector del transporte en Perú. En el programa Punto Final, Valeriano destacó que, en los últimos seis años, los transportistas han sido blanco de amenazas del crimen organizado, con una situación que se ha dramáticamente agravado tras la pandemia de COVID-19. Reportó 14 atentados y cuatro muertes en el sector, exigiendo al Congreso la derogación de la ley, y afirmó indignado que "el Ejecutivo no hace nada" para enfrentar esta creciente inseguridad.

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Hoy, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, comunicó que el gobierno incluirá una disposición en el proyecto de ley de crédito suplementario, actualmente en consideración en el Parlamento, con el fin de prevenir que los municipios que enfrentan desastres naturales sufran una falta de financiación en el transcurso del año.

"Había un temor de los alcaldes de gastarse el presupuesto asignado en atender las emergencias por las lluvias. Para evitar ello vamos a incluir un artículo (en el proyecto de crédito suplementario) que permita financiar a los gobiernos locales", comentó.

Se explicó que el proyecto de ley N° 4482/2022-PE incluirá una disposición para que los municipios que han utilizado más presupuesto del previsto para hacer frente a las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias puedan recibir un reembolso.

"Este es el momento de la unión en el que todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno deben trabajar juntos para atender la emergencia", destacó.

Se señaló que es importante que las autoridades sean capaces de identificar las diferentes fases y etapas del periodo de lluvias. En este sentido, se afirmó que en la actualidad los alcaldes deben priorizar la atención a las emergencias.

"En estos momentos lo importante es desaguar Piura y dar apoyo a los damnificados. Posteriormente a ello se aprobarán paquetes para las obras de prevención ante los avances de El Niño costero y la posible presencia de El Niño global", misionó.

Crédito suplementario

El ministro hizo un llamado a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República para que publique el dictamen del proyecto de ley correspondiente, con el objetivo de que se pueda debatir en el pleno.

Enfatizó que el proyecto de ley permitirá agregar 3548 millones de soles a la Reserva de Contingencia.

"Esto es fundamental, cada día cuenta. Nosotros esperamos que está semana el proyecto iba a pasar a pleno, pero la postergación sucesiva está generando que esto se dilate más", Comentó.

Decreto de urgencia

Más tarde, el funcionario encargado de la cartera mencionó el Decreto de Urgencia 009-2023, que ha sido publicado hoy y que permite la transferencia de 209 millones 179,974 soles a distintos gobiernos locales y regionales. Se otorgarán recursos para asistir a 958 municipalidades y siete gobiernos regionales en respuesta a la emergencia. La semana pasada se anunció que se destinarán 1,000 millones de soles a través de diferentes medidas, y esta es la primera de ellas.

El responsable del departamento resaltó el Decreto de Urgencia 009-2023, que fue publicado hoy y permite la transferencia de 209 millones 179,974 soles a varios gobiernos regionales y locales.

"Estamos dando recursos para la atención de la emergencia a 958 municipalidades y siete gobiernos regionales. La semana pasada anunciamos que se inyectarán 1,000 millones de soles mediante diferentes medidas y esta es la primera de ellas", mencionó.

Explicó que el propósito de este Decreto de Urgencia es garantizar que los alcaldes que han estado utilizando fondos para atender la emergencia tengan suficiente presupuesto para continuar con sus labores.

"Es importante que las autoridades locales y regionales tengan los recursos necesarios, recursos que en todo momento hemos garantizado. El último domingo sostuvimos una reunión productiva con un grupo de alcaldes de Piura y en cumplimiento a lo que prometimos hemos aprobado la norma", añadio.

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